Juicio por el desalojo extrajudicial del Centro Social La Pluma en Madrid
Este viernes 20 de noviembre se celebra el juicio oral contra los acusados del desalojo extrajudicial del Centro Social Transfeminista La Pluma en Madrid. Los propietarios del inmueble y miembros de una empresa de desalojos responden por amenazas, lesiones y ejecución arbitraria cometidas en 2018, tras ser absueltas las usuarias del local por usurpación.
La mañana de este viernes 20 de noviembre tiene lugar el juicio oral contra los responsables del desalojo extrajudicial del Centro Social Transfeminista (CSOT) La Pluma, ubicado en la calle Barbieri, 5, del barrio de Chueca en Madrid. En el banquillo de los acusados se sientan el representante legal de la empresa propietaria del inmueble, su compañía inmobiliaria ZZ Inmobiliaria Proxima, el ingeniero de obra del edificio y dos integrantes de una firma especializada en desalojos extrajudiciales. Los acusados enfrentan cargos por amenazas, lesiones y ejecución arbitraria del propio derecho.
Los hechos juzgados ocurrieron la madrugada del 25 de junio de 2018, cuando un grupo de personas ajenas al espacio irrumpió violentamente en el centro social. Según los testimonios recogidos durante la investigación, los agresores forzaron el acceso utilizando una retroexcavadora, cizallas, barras de metal y puntales, sin presentar identificación policial ni orden judicial previa. Durante la intervención, se registraron gritos e insultos homófobos dirigidos a las personas que se encontraban en el interior del local.
La agresión dejó a tres de las seis personas presentes en el edificio con lesiones que requirieron atención sanitaria inmediata. Las víctimas describen que la irrupción se realizó entre amenazas verbales como "¡maricones de mierda, os vamos a matar a palos!" y "os vamos a reventar", sin que mediara ninguna notificación o autorización legal. La ausencia de denuncia judicial urgente por parte de la propiedad en el momento de los hechos fue interpretada por las agredidas como una estrategia para evitar la vía judicial al ser conscientes de la ilegalidad de recurrir a vías de hecho.
A pesar de la violencia del desalojo, las personas usuarias del centro social mantuvieron su resistencia legal. Inicialmente, la propiedad impulsó una querella por usurpación contra seis de las personas identificadas en el local. Sin embargo, en octubre de 2020, el juzgado dictó la absolución firme de todas ellas. Esta resolución judicial fue un paso previo fundamental que permitió a las víctimas presentar su propia denuncia penal contra los administradores de la sociedad propietaria y los ejecutores materiales del desalojo.
El juicio se desarrolla en los Juzgados de lo Penal de Madrid, situados en la calle Julián Camarillo. Las acusadas, representadas por la abogada Naomi Abad Velasco, junto con la Fiscalía de delitos de odio, solicitan penas de prisión de hasta cuatro años y seis meses, así como indemnizaciones por las lesiones sufridas y órdenes de alejamiento para los condenados. Los delitos imputados incluyen la realización arbitraria del propio derecho, un delito de amenazas y tres de lesiones leves.
El caso tiene una dimensión política y social significativa en el contexto madrileño. La apertura de La Pluma había tenido como objetivo confrontar los procesos de gentrificación y turistificación que afectaban a Chueca, zona que ha intensificado su transformación desde entonces. Las víctimas del desalojo han denunciado históricamente la "asimilación del movimiento LGTBIQ+ por parte del denominado 'capitalismo rosa' y el evento comercial MADO", reivindicando una Chueca combativa, anticapitalista y acogedora para las disidencias corporales, sexuales y de género.
La defensa de las víctimas argumenta que este juicio puede sentar jurisprudencia contra las empresas que operan bajo el concepto de "mediación" pero que ejecutan desalojos arbitrarios y violentos. Estas firmas, contratadas por grandes tenedores e inmobiliarias para evitar que los inquilinos se defiendan en tribunales, han proliferado en los últimos años y son objeto de numerosas denuncias. Las demandantes sostienen que el avance de esta causa penal demuestra que el uso de la violencia no es impune.
Las acusadas señalan que este precedente disuasorio ha influido directamente en intervenciones posteriores, como la de la sede de La Ingobernable en la calle Cruz, también propiedad de los mismos empresarios. Afirman que las tácticas de matonismo no pudieron reproducirse impunemente en ese caso gracias al efecto de esta causa judicial. Para las personas que padecieron años de procedimientos y dilaciones procesales, la celebración de este juicio oral representa una victoria del movimiento social y las disidencias organizadas frente al acoso especulativo.
La resistencia mantenida durante estos años ante la represión ha fortalecido, según sus testimonios, las redes de apoyo mutuo. Consideran que la dignidad colectiva puede frenar el abuso de poder de los grandes patrimonios. El juicio continúa con la presentación de pruebas y declaraciones de testigos para determinar la responsabilidad penal de los propietarios y ejecutores del desalojo de 2018.
K.Gray--SFF