San Francisco Frontiers - Antropía y seguridad nacional

En febrero de 2026 el Gobierno de Estados Unidos declaró a Anthropic, una de las empresas pioneras en inteligencia artificial generativa, un riesgo para la seguridad nacional. La decisión surgió de un enfrentamiento prolongado entre la compañía de San Francisco y el Departamento de Defensa, que había adjudicado a Anthropic contratos por cientos de millones de dólares para desarrollar sistemas de inteligencia artificial en redes militares clasificadas. Las tensiones se dispararon después de que Dario Amodei, director ejecutivo de la firma, se negara a entregar al ejército un acceso irrestricto al modelo Claude. La empresa insistía en que no permitiría que su tecnología se utilizara para operaciones letales autónomas o vigilancia masiva de ciudadanos.

El jefe del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, dio a Amodei un ultimátum: o levantaba las restricciones o perdería el contrato. Fuentes cercanas a la reunión del 24 de febrero relataron que Hegseth amenazó con designar a Anthropic como riesgo de la cadena de suministros, lo que permitiría al Gobierno excluirla por completo de cualquier contratación federal. La empresa se mantuvo firme en sus líneas rojas, y el presidente Donald Trump tomó la decisión de actuar.

La designación como riesgo y la reacción oficial
El 27 de febrero la Casa Blanca incluyó a Anthropic en una lista de seguridad nacional inédita, ordenando a todas las agencias federales que dejaran de utilizar sus productos y prohibiendo a cualquier empresa que colaborara con el Departamento de Guerra entablar negocios con ella. Trump denunció en su red social que la empresa estaba poniendo en peligro la vida de los soldados y acusó a sus dirigentes de intentar imponer sus condiciones al Gobierno. Hegseth confirmó la designación como riesgo de la cadena de suministros y declaró que ningún contratista o proveedor militar podría mantener relaciones comerciales con Anthropic.

La medida desató una tormenta política. Anthropic calificó la decisión de “legalmente insostenible” y subrayó que nunca se había aplicado un mecanismo similar a una empresa estadounidense. La compañía señaló que la designación suele reservarse para adversarios extranjeros y que la exclusión implicaba un precedente sin precedentes en la industria.

Al mismo tiempo, el propio Hegseth había impulsado una expansión agresiva del uso de inteligencia artificial en el ejército. Mientras amenazaba a Anthropic, anunciaba la incorporación de modelos de xAI y de Google al nuevo entorno militar GenAI.mil y proclamaba que la “IA no sería woke”. La contradicción de considerar a Anthropic indispensable para operaciones militares y, a la vez, un peligro inaceptable, provocó críticas dentro del ámbito de la seguridad nacional.

Críticas y consecuencias
Expertos y líderes de centros de estudios advirtieron que el enfrentamiento era perjudicial para ambas partes. Paul Scharre, vicepresidente ejecutivo del Center for New American Security (CNAS), calificó la reacción del Gobierno como un acto de represalia y señaló que el instrumento de riesgo de la cadena de suministros se había diseñado para prevenir la infiltración de empresas extranjeras, no para castigar a un proveedor nacional. Scharre recordaba que la designación solo se había usado en casos como Huawei o ZTE, e insistió en que la disputa restaría capacidades a las fuerzas armadas al privarlas de una herramienta que hasta entonces consideraban superior. Jack Shanahan, antiguo general de la Fuerza Aérea e investigador del CNAS, coincidía en que el veto a “una de las mejores empresas de IA de Estados Unidos” era una decisión miope y vaticinó que se lamentaría en el futuro.

Las consecuencias no tardaron en sentirse. Cientos de ingenieros de Google y OpenAI firmaron una carta de apoyo a Anthropic y llamaron a sus empresas a defender principios similares, mientras figuras como Jeff Dean se manifestaban contra el uso de la IA para vigilancia y armas autónomas. Organizaciones de derechos civiles presentaron escritos legales respaldando a la compañía, argumentando que la acción gubernamental violaba su derecho a expresar preocupaciones éticas. Mientras tanto, empresas rivales como OpenAI y xAI anunciaban acuerdos con el Gobierno para desplegar sus propios modelos en redes clasificadas, lo que evidenciaba un desplazamiento del equilibrio en el mercado de la IA militar.

La batalla judicial
La tensión alcanzó otro nivel cuando Anthropic demandó al Departamento de Defensa en tribunales federales para anular la designación. En su escrito, presentado el 9 de marzo en California, la compañía denunció que el Departamento de Guerra utilizaba la etiqueta de riesgo como castigo ideológico y violaba su libertad de expresión. También advirtió que más de un centenar de clientes podrían abandonar la plataforma, lo que le causaría pérdidas multimillonarias.

El Gobierno respondió el 17 de marzo alegando que la empresa no era un socio fiable. En un documento de 40 páginas, los abogados federales afirmaron que Anthropic podría desactivar o manipular su tecnología en caso de conflicto, generando un riesgo inaceptable para las cadenas de suministro del Departamento de Guerra. Sostenían que los sistemas de IA son “extremadamente vulnerables a la manipulación” y que no correspondía a una compañía privada dictar cómo se emplea su tecnología en un conflicto.

El juez programó una audiencia para dirimir la solicitud de suspensión provisional de la designación. Al mismo tiempo, la controversia impactó en Wall Street y en la industria tecnológica, al plantear interrogantes sobre el equilibrio entre la ética de la IA y los imperativos de seguridad nacional. Algunos expertos advertían que, si el Gobierno podía catalogar a una empresa estadounidense como riesgo de seguridad por negarse a cooperar sin condiciones, se sentaría un precedente peligroso para la gobernanza tecnológica.

Repercusiones estratégicas
El conflicto pone de relieve la dificultad de equilibrar la innovación con el control democrático. Anthropic se fundó en 2021 con la promesa de construir sistemas de IA seguros y alineados con valores humanos, y en sus orígenes estuvo cercana a la administración demócrata. No obstante, la explosión de la inteligencia artificial durante el segundo mandato de Trump ha reconfigurado las relaciones entre Silicon Valley y Washington. Las grandes empresas tecnológicas, antes reticentes a cooperar con el Pentágono, ahora compiten por contratos para desarrollar modelos de lenguaje y análisis de datos para la defensa. Esta nueva carrera despierta temores de que la urgencia por mantener la supremacía tecnológica conduzca a decisiones apresuradas, sin una regulación adecuada sobre armas autónomas o vigilancia masiva.

Para el expresidente Trump, la controversia también se ha convertido en un arma política. Sus mensajes incendiarios en las redes sociales le han servido para movilizar a su base y reforzar su retórica de que la “cultura woke” —como denomina a quienes fijan límites al uso de la tecnología— amenaza la seguridad del país. Al mismo tiempo, sus intentos de subordinar las empresas de IA a la agenda gubernamental generan inquietud entre los aliados internacionales, que observan con recelo el giro autoritario de la política tecnológica estadounidense.

Una tensión sin precedentes
La disputa entre Anthropic y la administración Trump es un capítulo singular en la relación entre el sector tecnológico y el Estado. Por primera vez, se utiliza un instrumento de seguridad nacional para sancionar a una empresa estadounidense no por vínculos con potencias adversarias, sino por su resistencia a permitir usos que considera éticamente inaceptables. Las decisiones de febrero y marzo de 2026 repercuten más allá del litigio: cuestionan quién debe decidir los límites de la inteligencia artificial militar y si el poder ejecutivo puede forzar a las compañías a abandonar sus principios fundacionales.

En esa tensión entre ética y seguridad, innovación y control, se juega el futuro de la IA aplicada a la defensa. La resolución judicial de este enfrentamiento marcará un precedente sobre la libertad de los desarrolladores para establecer salvaguardias y sobre la capacidad del Estado para imponer su criterio en nombre de la seguridad nacional. Lo que está en juego no es solo un contrato o la reputación de una empresa, sino la definición de cómo se regulan tecnologías que transforman la guerra y la sociedad.