San Francisco Frontiers - El Pacto UE‑India al desnudo

Tras casi dos décadas de negociaciones intermitentes, la Unión Europea (UE) y la India anunciaron a finales de enero de 2026 la conclusión de un acuerdo de libre comercio que aspira a crear la mayor zona comercial bilateral del planeta. El pacto abarca un mercado de casi 2.000 millones de personas y cerca de una cuarta parte del producto interior bruto mundial. Para ambas partes representa mucho más que un simple tratado: la UE, segunda economía mundial, busca diversificar sus socios comerciales y reducir la dependencia de China y Estados Unidos, mientras que la India, ya la nación más poblada y la cuarta economía del mundo, pretende consolidar su ascenso como potencia global.

Las conversaciones comenzaron en 2007, se paralizaron en 2013 por diferencias sobre patentes, seguridad de datos y movilidad de profesionales, y se retomaron finalmente en 2022. En un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos y rivalidad geopolítica con China, Bruselas calificó el acuerdo como “la madre de todos los acuerdos” y lo enmarcó en una estrategia para una “nueva Europa”.

Claves económicas: reducción de aranceles y apertura del mercado
El núcleo del pacto reside en la eliminación casi total de los derechos aduaneros. India se compromete a suprimir o reducir los aranceles sobre el 96,6 % del valor de las exportaciones europeas, mientras que la UE liberalizará el 99,5 % de sus partidas arancelarias en un plazo de siete años. La Comisión Europea estima que los exportadores del bloque ahorrarán hasta 4.000 millones de euros anuales en derechos aduaneros. El comercio bilateral, que ya sostiene unos 800.000 puestos de trabajo en Europa, podría duplicar las exportaciones de bienes de la UE a la India para 2032.

Las exportaciones europeas de maquinaria y material eléctrico (16.300 millones de euros en 2024) soportaban aranceles de hasta un 44 %; estos derechos se eliminarán en gran medida en un periodo de entre cinco y diez años. Los aviones y naves espaciales europeos, gravados hasta ahora con aranceles del 11 %, verán reducidos sus derechos a cero de forma gradual. Productos químicos, farmacéuticos y bienes de equipo también disfrutarán de rebajas arancelarias sustanciales. El sector automovilístico se beneficiará especialmente: los impuestos indios sobre vehículos de motor bajarán del 110 % al 10 %, con una cuota anual para 250.000 vehículos europeos. Para productos agroalimentarios de alto valor —vino, aceite de oliva, confitería y bebidas espirituosas—, el acuerdo prevé reducciones drásticas de aranceles, que pasarán del 150 % a una horquilla del 20 % al 40 %.

Desde la perspectiva europea, el acceso al vasto mercado indio supone una oportunidad histórica para diversificar exportaciones y reforzar la autonomía económica en un mundo de cadenas de suministro fragmentadas. La UE mantiene un arancel medio de sólo el 4 % para los productos indios, mientras que India aplicaba tasas medias del 37 % a los bienes agroalimentarios europeos y entre el 10 % y el 44 % a productos industriales. La apertura del mercado asiático es por tanto cualitativamente mayor y se prevé particularmente beneficiosa para sectores como maquinaria, automoción, química, aeroespacial, farmacéutica y agroalimentación. Además, España aspira a duplicar sus exportaciones a la India en pocos años gracias al pacto.

Servicios, digital y pequeñas empresas
Más allá del comercio de bienes, el acuerdo introduce la liberalización más ambiciosa de servicios que la India haya ofrecido a un socio externo. Nueva Delhi abrirá 144 subsectores —incluidos servicios financieros, transporte marítimo, servicios profesionales y educación— y facilitará la movilidad laboral. La UE, por su parte, busca un acceso más predecible para sus empresas, con normas claras sobre licencias, presencia local y dirección de las compañías. En 2024, las exportaciones de servicios de la UE a la India sumaron 26.000 millones de euros; Bruselas confía en que esta cifra crezca significativamente gracias a las nuevas reglas.

El tratado también establece un capítulo específico para pequeñas y medianas empresas (pymes), con puntos de contacto y plataformas digitales para facilitar la información sobre aranceles, procedimientos aduaneros y requisitos de acceso al mercado. Se refuerza la protección de la propiedad intelectual y se simplifican trámites aduaneros y normas de origen, de modo que sólo los productos transformados significativamente en una de las partes puedan beneficiarse de las preferencias arancelarias. Esta cláusula pretende evitar que bienes de terceros países, incluida Rusia, se reexporten a Europa a través de la India.

Compromisos laborales, de género y medioambientales
Uno de los aspectos destacados del pacto es la inclusión de compromisos vinculantes en materia de trabajo digno, igualdad de género y sostenibilidad. Ambas partes se obligan a respetar los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, a mejorar la inspección laboral y a promover la igualdad de género. El acuerdo recoge también cláusulas de cooperación para implementar el Acuerdo de París sobre el clima, la Convención sobre la Diversidad Biológica y otras iniciativas ambientales. Estos compromisos se ejecutarán a través de mecanismos de consulta capaces de abordar cuestiones laborales, ambientales y de género de manera sostenible.

En el ámbito digital, las normas pactadas buscan crear un entorno de comercio electrónico seguro y previsible, reforzar la confianza del consumidor y mantener el derecho a regular en materia de privacidad y seguridad. La protección de la propiedad intelectual se eleva al nivel de los estándares europeos.

Críticas y preocupaciones
Aunque Bruselas presenta el acuerdo como un hito histórico, diversos colectivos han denunciado la opacidad de las negociaciones y advierten de que el tratado podría favorecer sobre todo a las grandes corporaciones. Organizaciones sociales sostienen que el pacto se negoció a puerta cerrada y que incluso algunos miembros del Parlamento Europeo tuvieron dificultades para acceder a los textos. Para estos críticos, el acuerdo responde ante todo a los intereses de empresas multinacionales europeas e indias, mientras que los posibles impactos en los derechos laborales, el acceso a medicamentos, los servicios públicos y la soberanía regulatoria han sido minimizados.

La liberalización de la propiedad intelectual ha generado inquietud en el ámbito sanitario. India es conocida como la “farmacia del Sur global” por su capacidad para producir medicamentos genéricos asequibles. Las nuevas reglas de patentes podrían retrasar la fabricación de genéricos y encarecer tratamientos contra enfermedades como el VIH, el cáncer o la hepatitis. También preocupa el efecto sobre la agricultura de subsistencia india: la entrada de productos europeos subsidiados podría arrasar los medios de vida de millones de familias campesinas. En Europa, productores y sindicatos temen que los salarios y estándares laborales se vean presionados a la baja por la competencia de bienes indios más baratos.

Desde un ángulo geopolítico, algunos analistas señalan que el acuerdo no persigue tanto la creación de un bloque indo‑europeo frente a Washington o Pekín como la búsqueda de un nuevo mercado que sustituya a China. India ofrece salarios seis veces inferiores a los de China y veintiocho veces inferiores a los de Alemania, lo que explica la atracción que ejerce sobre el capital europeo. Sin embargo, replicar la estrategia de deslocalización de principios de los 2000 puede exacerbar las desigualdades y no garantiza la reindustrialización europea. Además, India mantiene estrechos vínculos con Rusia y China y no renuncia a su lógica de multilateralidad, por lo que el acuerdo difícilmente alterará los grandes equilibrios mundiales.

Otras voces subrayan la dificultad de implementar el tratado. India tiene una tradición profundamente proteccionista y cuenta con barreras jurídicas, administrativas y culturales muy distintas a las europeas. La diferencia cultural y empresarial convierte a este pacto en uno de los acuerdos comerciales más complejos de gestionar. Los analistas advierten de que, si bien la reducción gradual de aranceles podría generar 4.000 millones de euros en ahorros, el verdadero reto será superar la burocracia y las barreras no arancelarias que históricamente han frenado a los inversores europeos.

También existe preocupación por la posible reexportación de productos de terceros países a través de la India y por la exposición de la industria y el campo europeos a una competencia que consideran desleal. Algunos productores temen que se sacrifiquen sectores estratégicos y la autonomía económica en nombre de grandes cifras macroeconómicas, mientras el productor europeo continúa asfixiado por impuestos y regulaciones. Expertos señalan que las normas de origen, aunque necesarias, son difíciles de controlar y no siempre evitan la triangulación comercial.

Proceso de ratificación y perspectivas futuras
El tratado aún debe superar la revisión jurídica, la traducción a todas las lenguas oficiales de la UE y la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo, así como la ratificación india. Las disposiciones arancelarias y regulatorias se aplicarán de forma gradual durante un periodo de hasta diez años. Algunos sectores sensibles —carne de vacuno, pollo, arroz y azúcar— quedan excluidos o sujetos a cuotas, protegiendo a los agricultores europeos e indios.

La evolución del acuerdo dependerá de la capacidad de ambas partes para equilibrar los beneficios económicos con la protección de los derechos laborales, la salud pública, el medio ambiente y la soberanía regulatoria. Si se implementa con transparencia y vigilancia social, el pacto podría impulsar la creación de empleo, el acceso a un inmenso mercado y la diversificación de las cadenas de suministro. Sin embargo, sin mecanismos eficaces de control y participación, corre el riesgo de profundizar las asimetrías económicas y reproducir los errores de una globalización que ya muestra signos de agotamiento.