San Francisco Frontiers - Nepal arde: Causas del Caos

Nepal vive su semana más convulsa en años: edificios públicos, sedes de partidos y residencias de altos cargos ardieron en Katmandú y en otras ciudades, mientras un movimiento juvenil —etiquetado ya como “Gen Z”— tomó las calles contra la corrupción y el nepotismo. El saldo humano es grave: al menos 51 personas fallecidas y más de 1.300 heridas en todo el país. Las autoridades impusieron toques de queda y desplegaron al Ejército para contener la violencia y proteger infraestructuras críticas.

¿Qué desató el fuego?
La chispa inmediata fue un veto temporal a varias plataformas de redes sociales, percibido por los jóvenes como una mordaza frente a la crítica y la organización cívica. Pero el combustible llevaba tiempo acumulándose: acusaciones persistentes de corrupción, privilegios para “hijos de” (la conversación local habla de “nepo kids”) y un horizonte de oportunidades estrecho para una generación conectada y educada que siente que el sistema les cerró la puerta. La protesta, inicialmente pacífica, escaló tras el uso de fuerza letal por parte de unidades policiales, lo que encendió aún más la indignación.

Objetivos simbólicos del enojo
Las llamas alcanzaron el Parlamento y la residencia presidencial, así como viviendas de figuras políticas de primer nivel y edificios asociados a élites económicas. También fueron atacadas sedes partidarias y oficinas estatales. Esa geografía del fuego no es casual: el mensaje buscó golpear, con valor simbólico, a las instituciones y a los estilos de vida que los manifestantes asocian con la impunidad.

El Estado responde: toques de queda y patrullas militares
Con las fuerzas policiales desbordadas, el Ejército patrulló el centro de Katmandú y custodió el complejo parlamentario. El aeropuerto y las principales arterias quedaron bajo control militar en momentos críticos, mientras las autoridades anunciaron reaperturas graduales a medida que bajaba la intensidad de los disturbios.

Un cambio político de emergencia
La presión en la calle precipitó la renuncia del primer ministro K. P. Sharma Oli. Este viernes, 12 de septiembre, juró un gobierno interino encabezado por Sushila Karki, ex presidenta de la Corte Suprema y primera mujer en liderar el Ejecutivo nepalí. Su mandato inmediato: estabilizar el país, encauzar una agenda anticorrupción y conducir a elecciones en un plazo acotado. Se negocian medidas excepcionales en el frente institucional para facilitar la transición.

Una crisis que se desborda: fuga masiva de presos
En paralelo a los disturbios se produjo una cadena de fugas carcelarias: más de 12.500 reclusos siguen prófugos tras evasiones múltiples en distintas prisiones. Mandos policiales admiten que parte de los evadidos murieron en choques con fuerzas de seguridad y que continúan las operaciones de recaptura. El vecino India reforzó los controles fronterizos ante el riesgo de cruces irregulares.

Las víctimas y la rendición de cuentas
Entre los fallecidos hay manifestantes, agentes y presos. Hospitales capitalinos reportaron centenares de heridos por munición real, balas de goma y gas lacrimógeno. Organizaciones de derechos humanos exigen investigaciones independientes y reparaciones para las familias, mientras la nueva jefa de gobierno promete esclarecer responsabilidades tanto por la represión como por los incendios y saqueos.

¿Qué viene ahora?
El gobierno interino necesita abrir un cauce político creíble: levantar de forma transparente las restricciones digitales, blindar la justicia frente a injerencias y auditar contratos y patrimonios de funcionarios. La calle no solo pidió la caída de un gabinete, sino un giro de reglas. Si Karki logra combinar orden público con garantías y reformas, Nepal puede transformar una semana de fuego en un punto de inflexión democrático; si no, el rescoldo seguirá ardiendo bajo la ceniza.