San Francisco Frontiers - Condena CFK: ¿fin peronismo?

La reciente confirmación de la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia de Argentina ha sacudido el panorama político del país. La expresidenta, una figura central del peronismo y líder del Partido Justicialista, enfrenta ahora una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, lo que le impide participar en las elecciones legislativas de septiembre de 2025, donde había anunciado su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires. Este fallo, relacionado con la causa Vialidad, marca un hito histórico, ya que nunca antes un expresidente argentino había enfrentado una condena de esta magnitud ratificada por el máximo tribunal.

La causa Vialidad se centra en irregularidades durante los gobiernos de Kirchner (2007-2015), cuando se otorgaron de manera fraudulenta 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz a Lázaro Báez, un empresario cercano a la familia Kirchner. Según los tribunales, estas maniobras generaron un perjuicio al Estado por millones de dólares, consolidando una red de corrupción que involucró a funcionarios y empresarios. La sentencia, que también contempla el decomiso de bienes, ha sido celebrada por sectores opositores como un triunfo de la justicia, mientras que el kirchnerismo la denuncia como un acto de persecución política orquestado por el "partido judicial" y los poderes económicos.

La reacción del peronismo no se hizo esperar. Miles de simpatizantes se movilizaron en Buenos Aires, cortando accesos a la capital y manifestándose frente a la sede del Partido Justicialista, donde Kirchner recibió la noticia rodeada de legisladores y militantes. En un discurso cargado de simbolismo, la expresidenta comparó su situación con la de líderes latinoamericanos como Luiz Inácio Lula da Silva, quien tras ser encarcelado regresó al poder en Brasil. Kirchner acusó a la Corte Suprema de imponer un "cepo al voto popular" y señaló que su condena busca desarticular la organización popular frente a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

El impacto político de la condena es innegable. El peronismo, que desde la derrota electoral de 2023 frente a Milei se encontraba fragmentado, ha encontrado en este fallo una causa unificadora. Incluso gobernadores peronistas que mantenían distancia con Kirchner cerraron filas en su defensa, repudiando la sentencia. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y rival interno de Kirchner, suspendió su agenda para respaldarla, destacando la necesidad de unidad para frenar el avance de la derecha en las próximas elecciones. Sin embargo, la ausencia de Kirchner como candidata plantea interrogantes sobre el liderazgo del movimiento. Algunos analistas sugieren que Kicillof podría capitalizar esta crisis para consolidar su posición, mientras que otros advierten que la falta de una figura tan carismática como Kirchner podría debilitar al peronismo en las urnas.

Por su parte, el gobierno de Milei ha capitalizado la condena para reforzar su discurso anticorrupción. Desde Israel, donde se encontraba de visita, el presidente celebró el fallo con un mensaje en redes sociales: "Justicia. Fin". Sin embargo, la polarización que Kirchner genera también representa un desafío para el oficialismo. La expresidenta era un adversario ideal para Milei, cuya estrategia electoral se basaba en confrontar al kirchnerismo como símbolo de los males del país. Sin ella en la contienda, el gobierno podría perder un elemento clave de su narrativa, mientras el peronismo, galvanizado por la "proscripción" de su líder, podría movilizarse con mayor fuerza.

La condena también ha reavivado el debate sobre el lawfare en América Latina. Kirchner y sus seguidores sostienen que, al igual que en casos como el de Lula o Rafael Correa en Ecuador, la justicia se utiliza como herramienta para neutralizar a líderes progresistas. Este relato resuena entre las bases peronistas, que ven en la condena un intento de los poderes económicos y mediáticos de impedir la reorganización del "campo nacional y popular". No obstante, los detractores de Kirchner argumentan que las pruebas en la causa Vialidad son contundentes y que la sentencia refleja un avance en la lucha contra la impunidad.

A nivel social, la condena ha profundizado la grieta que divide a Argentina. Mientras algunos celebran el fin de una era marcada por acusaciones de corrupción, otros lamentan la persecución de una líder que, para sus seguidores, transformó el país con políticas sociales inclusivas. Las manifestaciones de apoyo a Kirchner, que incluyeron incidentes como la irrupción de militantes en una cadena de noticias, reflejan la intensidad de las pasiones que su figura despierta. En el ámbito digital, la condena generó un volumen de menciones en redes sociales que la posicionó como el tercer evento de mayor impacto desde que Milei asumió la presidencia, solo superado por su asunción y un escándalo financiero.

El futuro del peronismo, uno de los movimientos políticos más influyentes de la historia argentina, está en juego. Aunque la condena de Kirchner marca un punto de inflexión, su capacidad para seguir influyendo desde el arresto domiciliario —beneficio al que puede acceder por tener 72 años— no debe subestimarse. Como en los 18 años de exilio de Juan Domingo Perón, el peronismo ha demostrado históricamente su resiliencia frente a la adversidad. La pregunta que queda abierta es si, sin Kirchner en la arena electoral, el movimiento podrá reinventarse o si, por el contrario, esta sentencia señala el ocaso de una era. Lo cierto es que Argentina ha entrado en una dimensión política desconocida, donde las elecciones de 2025 serán un termómetro clave para medir el impacto de este fallo histórico.