San Francisco Frontiers - Tribunal en Colombia imputa a exjefe del ejército por asesinatos de civiles

Montoya, de 74 años, habría presionado a los hombres bajo su mando "para obtener bajas en combate" a toda costa entre 2002 y 2003, relató en una rueda de prensa Catalina Díaz, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal encargado de investigar los peores crímenes del conflicto colombiano.

Según la jueza, el exmilitar es sospechoso de "mentir sobre el número de bajas" para inflar resultados cuando fue jefe de la Brigada IV del ejército, que opera en el departamento de Antioquia (noroeste). También lo señaló por "encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza" y de "emplear un lenguaje violento" que "exaltaba el derramamiento de sangre".

El tribunal, surgido del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC, le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Según cálculos de la JEP, que contempla penas alternativas a la prisión para quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas, al menos 6.402 personas fueron asesinadas bajo esa práctica, conocida como los "falsos positivos".

Montoya fue comandante del ejército desde 2006 y uno de los uniformados más cercanos al entonces presidente, el derechista Álvaro Uribe (2002-2010). En 2008 renunció acosado por el escándalo de las ejecuciones que, según él, se cometieron a sus espaldas.

Para la JEP, presentar bajas se convirtió en una "orden recurrente" por parte de Montoya, que ya había sido imputado en 2021 por la fiscalía por 104 homicidios entre 2007 y 2008 bajo el mismo modus operandi.

"La presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar 'muertes en combate' como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del ejército", agregó la magistrada Díaz.

En uno de los casos que registró el tribunal, Montoya habría presentado ante la prensa como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a dos niñas y tres jóvenes que murieron en una emboscada del ejército.

Montoya y otros ocho militares imputados este miércoles tendrán 30 días para reconocer o no los hechos. Luego, la JEP abrirá un espacio para que admitan la verdad públicamente ante los familiares de las víctimas, antes de emitir una sentencia.

La jurisdicción, que también imputó a la cúpula de las FARC por cientos de secuestros, aún no ha dictado su primera condena desde su creación, en 2017.

F.Edwards--SFF