San Francisco Frontiers - La directora de la Guardia Civil española, imputada en una investigación que afecta al Partido Socialista

Un juez de la Audiencia Nacional, la máxima instancia penal española, acordó tomar declaración el 16 de julio a Mercedes González y al más alto mando militar de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, al apreciar "indicios de responsabilidad" en delitos de prevaricación administrativa continuada y contra la administración de justicia, asegura el auto judicial.

Mercedes González fue nombrada por el Gobierno de Sánchez y ha sido diputada socialista.

La causa investiga actuaciones irregulares relacionadas con Leire Díez, una exmilitante socialista que presuntamente intentó obtener información comprometedora sobre miembros de cuerpos policiales y de la judicatura que investigaban a los socialistas.

Asimismo, el juez reclamó documentación sobre el expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos, exviceministro venezolano investigado en varios países por corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La justicia trata de esclarecer si la trama presuntamente encabezada por Leire Díez logró acelerar la concesión de la nacionalidad a este antiguo alto cargo del gobierno de Hugo Chávez.

El magistrado también acordó incorporar a la causa declaraciones prestadas previamente en otras causas por la empresaria española Carmen Pano, que ha afirmado en diversas ocasiones que llevó 90.000 euros (102.000 dólares) en efectivo a la sede de los socialistas y que luego estos intentaron comprar su silencio.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, salió al paso de las numerosas causas judiciales que afectan a su entorno y su partido negando que haya "corrupción generalizada" en el Gobierno.

Sánchez no está investigado, pero su hermano David espera sentencia tras ser juzgado por tráfico de influencias, uno de los delitos que tiene a su esposa Begoña Gómez a un paso de ir a juicio.

Además, su exministro de Transportes José Luis Ábalos, hombre de confianza, fue condenado a 24 años de cárcel por corrupción; su sucesor como secretario de organización socialista, Santos Cerdán, está imputado por diversos casos de corrupción.

También el anterior Fiscal General, Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno, fue condenado e inhabilitado por una filtración sobre un caso de fraude fiscal que afecta a la pareja de una política conservadora, la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Finalmente, su antecesor socialista, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), amigo y aliado de Sánchez, está imputado por influir a cambio de dinero en el rescate de una aerolínea con fondos públicos.

M.Gonzalez--SFF