San Francisco Frontiers - Represión en El Salvador fuerza al exilio a reconocida oenegé de DDHH

Cristosal, fuerte crítica de la política de seguridad de Bukele, denunció ser víctima de "acoso", "espionaje" y "difamación" de lo que llamó una "dictadura" instalada en El Salvador.

La oenegé también asiste a familiares de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos en marzo y presos en una megacárcel para pandilleros en El Salvador, lo que ha calificado como una "desaparición forzada".

"Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador", y "frente a un aparato represivo que actúa sin límites (...), nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio", dijo en la capital guatemalteca el director de la organización, Noah Bullock.

Cristosal tomó esta decisión tras el arresto el 18 de mayo de la abogada Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción y declarada "presa de conciencia" por Amnistía Internacional, quien fue acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía, afín al gobierno.

Además, debió cesar sus operaciones en El Salvador tras la puesta en vigor en junio de una ley de "agentes extranjeros", similar a las de Rusia y Nicaragua, que ordena a las oenegés pagar un impuesto del 30% sobre los fondos que reciben. Cristosal opera principalmente con donaciones.

"Es un instrumento de control autoritario. Impone sanciones discrecionales, impuestos punitivos y vigilancia estatal para censurar y castigar a las organizaciones independientes", señaló Cristosal.

Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, dijo en X que la salida de Cristosal tendrá el "costo" de "menos justicia para las víctimas, menor supervisión de los abusos y menos espacios para la disidencia".

- "La dictadura se instaló" -

Cristosal, que contaba con una treintena de activistas en El Salvador, aseguró que ese país "ha dejado de ser un Estado de derecho".

"Cuando ejercer las libertades o simplemente disentir del poder conlleva consecuencias, estas ya son las señales claras de que la dictadura se instaló", denunció Bullock en conferencia de prensa.

El activista agregó que la "criminalización y el exilio de defensores de derechos humanos" es una "violencia política" para "someter a la sociedad" salvadoreña a "un régimen de miedo".

Unos 40 comunicadores salieron al exilio en los últimos meses, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Los más destacados son los del diario digital El Faro, que reveló un pacto entre Bukele y las pandillas antes de declararles la guerra en 2022. El presidente niega a rajatabla esa versión.

La Oficina en Washington para América Latina (WOLA) se solidarizó con los activistas y dirigentes civiles que "se enfrentan a campañas de acoso y difamación bajo el gobierno de Bukele".

El acoso se da de diferentes maneras. A fines de abril, policías llegaron a las instalaciones de Cristosal, a 10 km de San Salvador, y tomaron fotos de los vehículos de periodistas poco antes de una conferencia de prensa sobre la situación de los venezolanos encarcelados.

- Temor a ser detenido -

En los últimos meses también fueron detenidos en El Salvador otros críticos de Bukele, entre ellos el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el constitucionalista Enrique Anaya y el líder comunal José Ángel Pérez.

"Lo que está ocurriendo en El Salvador es devastador", señaló Kerry Kennedy, presidenta del Robert F. Kennedy Human Rights.

Según una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), regentada por jesuitas en El Salvador, seis de cada diez salvadoreños temen criticar al presidente o su gobierno, pues puede acarrearles "consecuencias negativas", como ser detenidos.

"Hoy en día la institucionalidad democrática en El Salvador ha desaparecido y está bajo el control del régimen autoritario de Bukele", añadió en la conferencia Abraham Ábrego, director de litigio de Cristosal.

Bukele fue reelegido en febrero de 2024 gracias a la alta popularidad de su "guerra" contra las pandillas, que ha reducido a niveles sin precedentes la violencia criminal en el país.

Pero esa ofensiva antipandillas se basa en un régimen de excepción, vigente desde 2022, que es criticado por grupos de derechos humanos como Cristosal pues elimina normas del debido proceso, permite detenciones sin orden judicial y restringe libertades ciudadanas.

O.Anderson--SFF